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LA INVERSIÓN INMOBILIARIA NECESITA SEGURIDAD JURÍDICA

Los próximos días 25 a 27 de septiembre se celebrará en Barcelona la tercera edición del congreso The District en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat.

El evento espera reunir a 12.000 asistentes y 400 ponentes y aspira a ser, en palabras de su presidente, Juan Velayos, “el evento inmobiliario de referencia en Europa”.

La inversión inmobiliaria en España alcanzó en 2022, un volumen récord de inversión de €17.600M, que descendió hasta los €11.200M en 2023 debido a la subida de tipos e incertidumbres por los conflictos en Ucrania y en Israel. En el primer semestre de 2023, la inversión ha alcanzado los €5.500M y se espera que cierre en los €12.500M.

Más de un tercio de estos inversores son fondos de inversión, seguidos muy de cerca por fondos institucionales. Por su origen, más de un tercio de estos inversores son nacionales, seguidos de capital estadounidense, francés, alemán, británico y en el último año, de Arabia Saudí, EAU y Singapur. A todos ellos se dirige The District.

El Congreso analiza la situación del mercado, sus oportunidades, sus retos y su futuro. Y uno de los aspectos relevantes para este inversor es la seguridad jurídica.

Una regulación estable y la seguridad jurídica tienen un impacto directo y significativo en la inversión inmobiliaria. Estas dos variables juegan un papel clave en la toma de decisiones de los inversores y pueden influir en el atractivo de un mercado inmobiliario, tanto a nivel local como internacional. Las razones son varias, y destacamos las siguientes:

a) Un marco regulatorio claro y bien definido reduce la incertidumbre y el riesgo para los inversores. Permite al inversor elaborar predicciones de negocio a largo plazo y fomenta la confianza en el mercado.

b) Son garantía de protección de los derechos de propiedad, y de mecanismos de solución de conflictos justos y eficientes.

c) Generan estabilidad y, en consecuencia, confianza en el inversor que no percibe alto riesgo por la posibilidad de cambio súbito de las reglas del juego.

d) Las regulaciones de naturaleza fiscal que implementan incentivos fiscales (reducciones de impuestos, beneficios para inversiones en determinadas áreas) para atraer inversiones inmobiliarias, si son claras y estables, pueden aumentar significativamente el atractivo de un mercado.

e) Las regulaciones sobre usos de suelo, zonificación y urbanismo determinan en qué tipo de proyectos se puede invertir en determinadas áreas (residencial, comercial, oficinas, industrial). Si estas normativas son claras y los procesos de planificación urbana son eficientes, las oportunidades de inversión serán más accesibles y menos arriesgadas. A contrario, las normativas restrictivas o poco claras pueden generar incertidumbre, lo que desalienta a los inversores, especialmente en proyectos de desarrollo a gran escala.

f) Las regulaciones que intervienen el mercado como el control de alquileres, las expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad, o las que protegen a los inquilinos o amparan las okupaciones, reducen el atractivo para los inversores inmobiliarios, ya que pueden limitar el potencial de rentabilidad de una propiedad.

g) La posibilidad de ejecutar contratos de manera rápida y efectiva, sin largos procesos judiciales, es un factor clave en la evaluación del riesgo. La regulación estable y la seguridad jurídica contribuyen a una percepción de bajo riesgo del inversor.

La regulación y la seguridad jurídica influyen significativamente en la inversión inmobiliaria. Un entorno regulatorio claro, predecible y justo, junto con la protección de los derechos de propiedad y una burocracia eficiente, genera confianza y atrae inversiones. Por el contrario, la inestabilidad regulatoria, los riesgos políticos y la falta de seguridad jurídica desincentivan la inversión, ya que aumentan los riesgos y reducen las posibilidades de obtener rendimientos satisfactorios.

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