El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre (BOE de 24.12.2024) prorroga al año 2025 medidas económicas, tributarias y de protección de colectivos vulnerables relacionados con el sector inmobiliario y que son: Eficiencia energética de viviendas: se amplía un año más el ámbito temporal de aplicación de la deducción prevista al efecto en el IRPF, por las obras realizadas en la vivienda y que permiten reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración de las mismas. En todo caso, la deducción se origina en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia energética posterior a las obras. Recordemos dichas deducciones:
Del 60% por obras que suponen una reducción mínima del 30% del consumo de energía del edificio residencial, o que permitan mejorar la calificación energética del edificio hasta la clase energética A o B hasta 15.000€ anuales.
Del 40% por obras que supongan una reducción de al menos 30% del o mejoren la calificación energética de la vivienda hasta la clase energética A o B hasta 7.500€.
Del 20% por obras que supongan una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual o en la arrendada, en cuyo caso deberá haberse alquilado antes del 31.12.2025, y en este caso, las obras se podrán realizar hasta el 31.12.2024 como consecuencia de esta prórroga hasta 5.000€ euros anuales.
Las deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra. Imputación de rentas en IRPF: se mantiene para 2024 el porcentaje de imputación del 1,1% para las rentas obtenidas de inmuebles ubicados en aquellos municipios en que los valores catastrales hubieran sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, siempre que hubieran entrado en vigor a partir de 1.01.2012. Plusvalía municipal: la norma actualiza los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo lo cual tiene un impacto directo en la cantidad del impuesto a pagar. Con esta reforma se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la reciente jurisprudencia de octubre 2021 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el método de cálculo del impuesto que se aplicaba a las transmisiones de terrenos urbanos.
